Informe 2020 de Seguridad y Justicia Sonora y Hermosillo
Comité Ciudadano de Seguridad Pública Sonora
En este segundo informe anual, damos cuenta que la situación en torno a la seguridad y justicia sigue presentando grandes retos y desafíos. Reconocemos que hay avances en los delitos patrimoniales, particularmente en robo de vehículo, robo a casa habitación y robo a negocio. Sin embargo, los delitos que atentan contra la vida y la libertad personal siguen creciendo de forma preocupante.
En el caso particular del homicidio doloso, considerando que en el 63% de los casos registrados durante 2020 se utilizó arma de fuego, y dado que el uso de este tipo de arma es comúnmente utilizado para ejecutar personas, podemos inferir que la gran mayoría de los homicidios están relacionados con el crimen organizado y actividades ilícitas.
Resulta preocupante el incremento en el número de carpetas de investigación relativas a la desaparición forzada de personas, mismas que se focalizan en los municipios más violentos de nuestro estado.
Las incidencias reportadas al 9-1-1 confirman esta situación, al registrarse más de 350 reportes cada año por privación de la libertad. A diario una persona es desaparecida. Y continuamente madres y familiares de desaparecidos que incansablemente buscan a sus seres queridos, encuentran osamentas en fosas y crematorios clandestinos.
Podemos asumir que los homicidios son delitos derivados de la actividad criminal, principalmente relacionados con el narcotráfico. Para incidir en la reducción de los homicidios es necesario un combate frontal a las bandas criminales, quienes transgreden leyes federales y locales. Por un lado, deben de existir labores de prevención y protección a la ciudadanía, mientras que, por otro lado, se deberían implementar acciones que inhiban el actuar de los asesinos quienes cometen sus ataques con total impunidad y sin temor alguno.
Por lo tanto, este es un trabajo de las instituciones federales involucradas en el combate al crimen organizado (SEDENA, Marina, Guardia Nacional, Fiscalía General de la República), así como de las instituciones estatales (Secretaría de Seguridad Pública y la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora) encargadas de proteger y procurar justicia, y en conjunto de las corporaciones municipales quienes tienen la importante tarea de prevenir el crimen.
La evolución del presupuesto para las instituciones encargadas de brindar seguridad pública, así como aquellas responsables de procurar e impartir justicia muestra que año con año han recibido más recursos. Sin embargo, el estado de fuerza policial se encuentra por debajo del umbral óptimo (1.8 policías por cada mil habitantes), somos la penúltima entidad con el menor número de ministerios públicos en relación con la población del estado y solo hay tres jueces por cada 100 mil habitantes. El incremento presupuestal no se ha reflejado en las actividades sustantivas de las instituciones de seguridad y justicia.
Estamos ante un gran problema donde la delincuencia ha trastocado a nuestra sociedad y nuestras autoridades no han podido contener el problema.
El impacto de la delincuencia en la sociedad y la baja eficiencia de las autoridades provoca:
a) Mayor percepción de inseguridad
b) Incremento en el costo del delito
c) Mayor impunidad
e) Desconfianza hacia quienes tienen el deber de protegernos
Para enfrentar la delincuencia que azota a nuestra entidad, es necesario formar un frente común entre sociedad y gobierno.
Es sumamente necesario reconocer, en primer lugar, que estamos ante un gran problema derivado de la inseguridad que padecemos. Y, en segundo lugar, se debe aceptar que las estrategias implementadas hasta el día de hoy han sido ineficientes e ineficaces para contener esta ola de violencia e inseguridad.
Desde los Comités Ciudadanos de Seguridad Pública de Sonora y Hermosillo habremos de seguir trabajando para conjuntar esfuerzos y recuperar nuestra tranquilidad.